Lo incierto y lo previsible en Juan Díaz

Posted on noviembre 17, 2017 por

0


Con las inundaciones recientes he recordado este escrito de hace dos años, es una versión más temprana y extensa de uno que se publicó en La Prensa bajo el título ‘La predecible incertidumbre de Juan Díaz’.   Es sorprendente cuantas cosas se mantienen igual. 

21 de septiembre de 2015

El Martes 11 de agosto, cuando se declaró un estado de emergencia ante la sequía evidenciada en el país, particularmente en provincias centrales y atribuible al Fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur (ENSO), no hubiera sido fácil imaginar que 36 días después, el Martes 15 de septiembre se estaría realizando una nueva declaratoria de emergencias, esta vez por las inundaciones y deslizamientos en los corregimientos de Juan Díaz y Belisario Porras en los Municipios de Panamá y San Miguelito, tras las fuertes lluvias.

Para poner en contexto los eventos y afectaciones desencadenados por las fuertes lluvias debemos analizar algunos conceptos básicos de la práctica de la Gestión del Riesgo del punto de vista del caso panameño.

Por una parte, se manejan los conceptos de riesgo intensivo y extensivo, el primero se refiere a eventos severos (como grandes terremotos, o fuertes lluvias o vientos) que afectan a centros urbanos concentradores de grandes poblaciones causando pérdidas humanas y materiales mayores, estos eventos tienen una frecuencia relativamente baja. El otro tipo de riesgo, el extensivo, se trata de niveles más predecibles de eventos de menor severidad que afecten a poblaciones menos densas, generalmente con pocos afectados, daños y pérdidas menores, pero con una mayor frecuencia. Estos  en ocasiones no llegan a generar declaratorias de emergencias, teniendo la consecuencia de que las pérdidas fueran asumidas por la población con poca o ninguna ayuda y que además resultaba en que no se documentara, cuantificara y estudiara este tipo de eventos por mucho tiempo.

Ante la dificultad de lidiar con la incertidumbre implícita en la gestión del riesgo, se han desarrollado métodos numéricos para comprender y comparar los esfuerzos que realizan los distintos países o localidades. Expertos destacados que han trabajado el tema en sus tesis doctorales son del vecino país Colombia, el Dr. Omar Darío Cardona y la Dra. Martha Liliana Carreño. Los principales índices comprenden: el Índice de Déficit por Desastres, el de Desastres Locales (IDL), de Vulnerabilidad Prevalente (IVP), y el IGR o Índice de Gestión de Riesgo.  Las mediciones recientes indican que para Panamá es importante recalcar que su IDL es alto, lo que indica que los escenarios de riesgo para Panamá son de tipo extensivo, recurrente y concentrado en algunas localidades ya conocidas y que tienden a afectar a la población con pocos recursos. Panamá tuvo IDL más alto con 213 puntos en el período 2001-2005 comparado a 12 países de la región, seguido por Costa Rica y Salvador. Mientras que entre 2006 – 2008 ocupó el segundo lugar con 121 puntos, entre Honduras y Guatemala. Esto nos indica que la descripción del índice caracteriza nuestra relación con el riesgo.

El concepto tradicional de Respuesta a Emergencias ha evolucionado y se ha convertido en Gestión Integral de Riesgos que incluye otros tres componentes, resultando de la siguiente manera: a. Identificación de Riesgos, b. Reducción de Riesgos c. Manejo de Desastres (que corresponde a la respuesta) y d. Transferencia de Riesgo (estrategias de finanzas, seguros y reaseguros).  En nuestro país se han realizado esfuerzos y avances en la materia: tenemos una Política Nacional de GDR aprobada por Decreto No. 1101 de 2010, se han realizado estudios probabilistas de Riesgo Sísmico para Panamá y David, se destaca el Marco Estratégico Financiero que el Ministerio de Economía y Finanzas formalizó el año pasado, aunque muchos países lo tienen, Panamá es el único que lo ha formalizado por norma.

Además de estos avances y otros que se han mencionado antes como el Plan Nacional de GRD (elaborado, pero no aprobado). Sería importante un Plan Local de Gestión de Riesgo, principalmente para el Distrito Capital, y otros distritos que hayan sufrido afectaciones recurrentes como Boquete, Changuinola, entre otros.

Incluso hoy, después de muchos esfuerzos regionales, como la iniciativa de la base de datos DesInventar, como inventario de desastres y afectaciones en América Latina, que está disponible para consultar y descargar en línea para cualquier persona, el registro sistemático de eventos sigue siendo dificultoso para muchos países de nuestra región, sin que Panamá sea excepción, ya que se observan sub- registros significativos. Esta base de datos, es un instrumento clave en Panamá, donde tradicionalmente se dice que no ocurren grandes desastres, pero esto tiene que ver con la forma en que llevamos su registro, los análisis de agregación arrojan cifras de mayor significado.

Varios ejercicios se han realizado para identificar las localidades que históricamente se han visto con mayores afectaciones de personas y viviendas. En 2011, el informe “Índice de Reducción de Riesgo”, publicado por la ONG DARA, identifica como principales Unidades Territoriales de Riesgo en Panamá a Changuinola, Boquete y Panamá Este (refiriéndose al área Éste de Ciudad de Panamá que incluye Juan Díaz, entre otros corregimientos cercanos). El documento identifica como impulsores del riesgo: la degradación ambiental, condiciones socioeconómicas, el ordenamiento territorial y la gobernabilidad (afectada por factores como la burocracia).

En 2012, un afiche presentado en el congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), por Gordón, en co- autoría con la Doctora Katti Osorio y el suscrito, consistía en un mapa de vulnerabilidad social para el Istmo y un análisis de DesInventar y presentaba como corregimientos con mayores indicadores de afectaciones por desastres a Juan Díaz en primer lugar, Guabito y Tocumen. Además presentaba mapas temáticos indicando la ausencia de alcantarillado sanitario y recolección de residuos sólidos en Juan Díaz como indicador de posibles riesgos a la salud pública que pudieran activarse tras inundaciones.

A pesar de que la Alcaldía de Panamá ha buscado asesoría experta e iniciado programas como el dialogo del agua con el Reino de los Países Bajos, la Mesa de Resiliencia y un grupo de estudio sobre inundaciones en Juan Díaz en particular,  aunque uno pueda saber que hay lugares con alto riesgo de inundarse, no se tiene la capacidad predecir con precisión cuándo y dónde y por lo tanto tampoco somos capaces de establecer un mecanismo de alerta. Esto requeriría de un mejor manejo de la instrumentación hidro-meteorológica y de un manejo abierto y adecuado de los datos, es decir: instalar estaciones que controlan la cantidad de lluvia que cae (precipitación), dirección y velocidad del viento, nivel de radiación solar (estos tres comprenden la parte meteorológica) y los caudales en ríos, quebradas y canalizaciones (componente hidrológico). A partir de las mediciones de tales estaciones, se podría activar un sistema de alerta temprana

En Panamá la hidro-meteorología está a cargo de la Empresa Estatal de Transmisión Eléctrica (ETESA), a diferencia del resto de Centro América que tiene institutos meteorológicos. La diferencia entre la misión de una Empresa, aunque sea pública y una institución científica son muy diferentes y la falta de acceso para el público y los investigadores a los datos sobre la materia mitiga mucho el efecto positivo que puede tener la investigación científica y la coordinación interinstitucional para mejorar los escenarios  de riesgo en el país.

Los informes inspección de las áreas inundadas la semana del Lunes 7 de septiembre, por personal de la Alcaldía y del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, advierten de algunas causales ya conocidas: Mal mantenimiento de la red de alcantarillado pluvial y desagües, mal manejo de desechos sólidos, mala disposición de desechos de construcción (caliche y escombros), tamaño de las salidas de los desagües y se destacan algunos aspectos, señalados por la Vice Alcaldesa Raisa Banfield que no habían sido mencionados prominentemente con anterioridad, en otras administraciones: la invasión y apropiación de servidumbres de ríos con rellenos y entubamientos. Esto en sí representa un avance en la aproximación al problema y se ha hablado de multas a los responsables a quienes se les compruebe mal manejo de desechos de construcción, por lo menos en el caso de Condado del Rey.

En los últimos 10 años, desde 2005 hemos tenido en Panamá grandes inundaciones como la de Prados del Este, la tormenta La Purísima de 2010 que inundó el Llano de Chepo y causó daños  también en Colón y Portobelo donde hubo inundaciones, derrumbes y hundimiento, las inundaciones de 2013 en Panamá Oeste y otras varias, todas las mayores en la segunda mitad del año.

Si en Panamá lo que ocurre es reincidente y nos causa tanto daño ¿qué ocurrirá tras eventos sobresalientes, improbables, o impensables?

A los que nos hemos interesado en alguna medida en el tema de la gestión de riesgo de desastres a menudo nos preguntan si eso es tema que nos atañe, tanto a nivel personal, de nuestra profesión o cargo. Oportunamente, esta frase viene a la mente desde una vecina nación de mucha afinidad cultural: “La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”. Es el artículo dos de la ley No. 1523 de 2012 que regula la materia en el país.

Ante los eventos recientes, deslizamientos e inundaciones nos podemos preguntar cada uno y como sociedad si hemos hecho nuestra parte a conciencia. ¿Hemos dedicado aunque sea una persona de planta exclusivamente para llevar registro sistemático de los desastres y eventos destructivos que ocurren en el país? ¿Existen mapas precisos de la huella de las grandes inundaciones históricas del país?; ¿Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para medir las lluvias en los lugares que han presentado inundaciones recurrentes? o diluimos las funciones de los pocos funcionarios que comprenden estos temas con otras tareas cotidianas. ¿Hemos apoyado a las instituciones que proponen invertir en la mitigación de riesgos? ¿A los investigadores que se interesan por la materia? ¿Hemos observado la ley y buenas prácticas al planear construir la ciudad? ¿Hemos hecho lo posible en la planificación para mitigar el riesgo? ¿Hemos sido honestos y estrictos al aprobar los distintos proyectos que se han construido?

 

Posted in: Urbanismo